Organizaciones convocantes: Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH) y Inciativa Tolerancia Cero (ZTI) 1. Antecedentes y contextoEn América Latina y el Caribe, la aceleración de la transición energética y la expansión de proyectos de extracción de minerales críticos y de energía renovable se desarrollan en un contexto de
restricción del espacio cívico, criminalización de la protesta social y altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, particularmente aquellas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio.
La
base de datos de la Centro EDH sobre ataques a personas defensoras identifica que las
industrias extractivas y los proyectos de desarrollo energético están frecuentemente vinculados a patrones de violencia, hostigamiento y uso indebido del derecho penal contra personas defensoras, agravados por la falta de consulta, falta de los procesos de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), la debilitación de salvaguardas ambientales y sociales y la impunidad estructural. Estas dinámicas no solo vulneran derechos humanos, sino que
socavan la confianza pública, incrementan los conflictos socioambientales y ponen en riesgo la sostenibilidad y legitimidad de la transición energética.
En este contexto, de acuerdo con el
Tercer informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2025), las
mujeres defensoras enfrentan
riesgos diferenciados e interseccionales derivados de la convergencia entre su labor de defensa, su género y, en muchos casos, su pertenencia a Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes o contextos rurales. Estas condiciones se manifiestan en
formas específicas de violencia, entre ellas la criminalización judicial, la estigmatización pública, la violencia sexual y de género, los ataques digitales, las amenazas contra sus familias y la exclusión sistemática de los procesos de toma de decisiones
En el marco del
15º aniversario de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, este diálogo se propone contribuir a la reflexión sobre cómo los Estados y las empresas pueden
operacionalizar sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos. El diálogo explorará cómo los Estados y las empresas pueden garantizar que la transición energética se base en los derechos humanos, incluida la igualdad de género, y la confianza democrática y la participación efectiva y segura de las personas defensoras de los derechos humanos, así como su liderazgo.
2. Objetivo del diálogoEl diálogo tiene como objetivo
visibilizar y analizar el impacto en el espacio cívico y en las personas defensoras, incluyendo los impactos diferenciados que experimentan las mujeres defensoras de derechos humanos, y promover enfoques concretos para integrar su protección, participación significativa y liderazgo en las políticas públicas y prácticas empresariales.
En particular, el diálogo busca:
- Evidenciar cómo la transición energética se relaciona con afectaciones al espacio cívico y diferentes formas de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación y criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos tomando en consideración una perspectiva de género;
- Profundizar en la criminalización y la violencia basada en género contra mujeres defensoras como un obstáculo estructural para una transición energética que garantice los derechos humanos;
- Reconocer el papel fundamental de las mujeres defensoras en la defensa de los derechos humanos, la democracia y el espacio cívico;
- Analizar las obligaciones de los Estados y de las empresas en virtud de los Principios Rectores, el Acuerdo de Escazú y los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos en relación con el espacio cívico en contextos de transición energética en donde se incluya una perspectiva de género;
- Identificar medidas concretas para que empresas y gobiernos prevengan represalias, garanticen la participación efectiva y fortalezcan la confianza pública en la transición energética.
3. Mensajes claveEl diálogo subrayará que:
- Una transición energética alineada con los derechos humanos, incluyendo la igualdad de género y la participación significativa, es esencial para construir confianza, legitimidad y sostenibilidad a largo plazo.
- La criminalización, estigmatización y violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos que expresan preocupaciones sobre proyectos energéticos y extractivos debe cesar de manera inmediata;
- El uso del derecho penal, las demandas estratégicas contra la participación pública y otras formas de represalia debilitan la gobernanza democrática y generan riesgos jurídicos, sociales y reputacionales;
- El respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el consentimiento libre, previo e informado, así como la protección de las personas defensoras y del espacio cívico, es un requisito previo para proyectos responsables de transición energética;
- El Acuerdo de Escazú ofrece un marco clave para garantizar acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia y protección de personas defensoras de derechos humanos ambientales;
4. Preguntas orientadoras- ¿De qué manera la transición energética y la expansión de proyectos extractivos están reconfigurando el espacio cívico en territorios específicos, particularmente para mujeres, Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes?
- ¿Qué impactos diferenciados enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos ambientales y del territorio en comparación con otras personas defensoras, y cómo estos afectan su capacidad de participación, liderazgo y toma de decisiones?
- ¿Qué obligaciones específicas tienen los Estados, en virtud del Acuerdo de Escazú y los Principios Rectores, para prevenir y responder a ataques contra el espacio cívico en el marco de la transición energética
