Organizada por UNEP-FI y ACNUDH Contexto y justificación La integración de factores sociales en las políticas y procesos de las instituciones financieras en América Latina y el Caribe ha avanzado de forma sostenida en los últimos años. Este desarrollo responde tanto a la evolución regulatoria como al creciente reconocimiento de que los riesgos sociales no gestionados pueden afectar el desempeño financiero, la continuidad operativa y las relaciones con clientes, trabajadores y comunidades.
En este contexto, bancos y aseguradoras enfrentan crecientes exigencias regulatorias y expectativas del mercado para identificar, evaluar, gestionar y monitorear riesgos sociales asociados tanto a sus operaciones como a las actividades que financian o aseguran. Asimismo, se ha intensificado el escrutinio público sobre el rol del sector financiero en la prevención y remediación de impactos adversos sobre las personas, lo que incrementa su exposición a riesgos legales, reputacionales y de transición.
Sin embargo, una aproximación basada exclusivamente en la materialidad financiera, centrada en el riesgo para la institución, resulta insuficiente para captar la totalidad de los impactos sobre los derechos humanos. En América Latina y el Caribe, numerosos proyectos financiados por el sector financiero, particularmente en sectores como infraestructura, energía y agronegocios, se desarrollan en contextos de alta conflictividad social, donde persisten riesgos significativos para comunidades locales, pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo conflictos por el uso de la tierra, afectaciones a medios de vida y, en algunos casos, situaciones de criminalización o violencia.
En este sentido, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos establecen el estándar global sobre la responsabilidad de las empresas, incluidas las instituciones financieras, de respetar los derechos humanos. Esta responsabilidad implica contar con un compromiso político, implementar procesos de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos, y establecer o participar en mecanismos de reparación cuando corresponda.
Este enfoque de derechos humanos reflejado en los Principios Rectores, no sustituye la gestión de riesgos sociales, sino que la fortalece al incorporar una perspectiva centrada en las personas. La debida diligencia en derechos humanos permite identificar impactos adversos, reales y potenciales, que pueden no ser inmediatamente materiales desde una perspectiva financiera, pero que pueden escalar rápidamente en contextos como los de la región si no son gestionados adecuadamente. Asimismo, proporciona una base más robusta para la toma de decisiones, la evaluación de clientes y operaciones, y la gestión de relaciones con grupos de interés, incluidas comunidades y personas titulares de derechos.
A más de una década de la adopción de los Principios Rectores, se observan avances significativos en su implementación por el sector financiero en algunas jurisdicciones, mayormente impulsados por marcos regulatorios y expectativas de mercado más desarrolladas. En América Latina y el Caribe, sin embargo, la integración de este enfoque sigue siendo incipiente y, en muchos casos, limitada a compromisos de alto nivel, sin una traducción sistemática en procesos operativos, asignación de responsabilidades e incentivos internos.
En este contexto, resulta fundamental generar espacios prácticos que permitan a actores del sector financiero comprender cómo operacionalizar este enfoque, especialmente frente a tensiones concretas como:
- la priorización de riesgos en portafolio,
- el uso de información proveniente de clientes o Estados,
- el ejercicio de influencia (“leverage”),
- y el equilibrio entre confidencialidad, transparencia y rendición de cuentas.
Objetivos
Fortalecer la comprensión práctica de la debida diligencia en derechos humanos en el sector financiero, a partir del análisis de un caso concreto, identificando desafíos operativos y generando propuestas aplicables al contexto de América Latina y el Caribe.
Objetivos específicos- Explorar cómo la gestión de riesgos sociales y el respeto de los derechos humanos se interrelacionan desde la perspectiva del sector financiero.
- Analizar los elementos centrales del enfoque de derechos humanos conforme a los Principios Rectores y su relevancia práctica para bancos y aseguradoras.
- Identificar cómo se implementa la responsabilidad de respetar los derechos humanos en la práctica (políticas, debida diligencia y mecanismos de reparación).
- Discutir desafíos operativos concretos en la región, incluyendo contextos de alta conflictividad social, y compartir experiencias y prácticas emergentes.
- Generar recomendaciones prácticas para avanzar en la implementación de este enfoque en América Latina y el Caribe.
Formato y metodología La sesión está diseñada como un espacio participativo basado en estudio de caso, combinando insumos conceptuales breves con trabajo grupal aplicado.
Público meta- Representantes de bancos, aseguradoras e inversionistas
- Reguladores y organismos públicos
- Organizaciones de la sociedad civil
- Organismos internacionales
- Consultores y especialistas en sostenibilidad y derechos humanos
- Empresas receptoras de inversiones
Preguntas guías para la discusión
- ¿Es razonable que un banco excluya proyectos de transición energética de sus áreas de mayor riesgo en derechos humanos para una posterior debida diligencia? ¿Qué argumentos podrían desafiar esta priorización?
- ¿Qué habría implicado una debida diligencia adecuada por parte del banco en este caso? ¿Qué debió evaluar el banco respecto de su cliente y del proyecto? ¿Cómo deberían haberse tratado las “explicaciones oficiales” del Estado frente a evidencia independiente?
- ¿Cómo se equilibran las obligaciones de confidencialidad bancaria con el derecho de las comunidades a acceder a información sobre proyectos que las afectan? ¿Qué tipo de información mínima debería poder divulgar un banco sin violar la confidencialidad contractual?
- ¿Qué herramientas tiene un banco para ejercer “leverage” sobre su cliente una vez identificado un riesgo o impacto severo? ¿En qué momento debería el banco haber condicionado, suspendido o reconsiderado la financiación?
- ¿Qué medidas concretas podría exigir para asegurar remediación efectiva a las comunidades afectadas?
- Según los UNGPs, ¿cómo se clasifica la relación del banco con los abusos en este caso: contribución, vinculac
