X Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos de América Latina y el Caribe

La plenaria de apertura tiene como objetivo iniciar el diálogo y la reflexión sobre el impacto de la implementación de los PRNU en América Latina y el Caribe, destacando avances, desafíos persistentes y oportunidades. Asimismo, busca reforzar el compromiso de los distintos actores con la agenda regional, visibilizar líneas de acción conjunta y plantear retos, así como promover el espacio de diálogo del Foro como una plataforma para impulsar alianzas, recomendaciones y procesos de seguimiento orientados a resultados concretos.  

La sesión propone un diálogo sobre la implementación del Pilar II en América Latina, examinando avances, brechas y desafíos en materia de debida diligencia y rendición de cuentas empresarial. Tres panelistas abrirán la discusión y se buscará involucrar activamente al público para fomentar un intercambio participativo y orientado a la acción.

Organizaciones convocantes: Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH) y Inciativa Tolerancia Cero (ZTI)
 
1. Antecedentes y contexto
En América Latina y el Caribe, la aceleración de la transición energética y la expansión de proyectos de extracción de minerales críticos y de energía renovable se desarrollan en un contexto de restricción del espacio cívico, criminalización de la protesta social y altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, particularmente aquellas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio.
La base de datos de la Centro EDH sobre ataques a personas defensoras identifica que las industrias extractivas y los proyectos de desarrollo energético están frecuentemente vinculados a patrones de violencia, hostigamiento y uso indebido del derecho penal contra personas defensoras, agravados por la falta de consulta, falta de los procesos de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), la debilitación de salvaguardas ambientales y sociales y la impunidad estructural. Estas dinámicas no solo vulneran derechos humanos, sino que socavan la confianza pública, incrementan los conflictos socioambientales y ponen en riesgo la sostenibilidad y legitimidad de la transición energética.
En este contexto, de acuerdo con el Tercer informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2025), las mujeres defensoras enfrentan riesgos diferenciados e interseccionales derivados de la convergencia entre su labor de defensa, su género y, en muchos casos, su pertenencia a Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes o contextos rurales. Estas condiciones se manifiestan en formas específicas de violencia, entre ellas la criminalización judicial, la estigmatización pública, la violencia sexual y de género, los ataques digitales, las amenazas contra sus familias y la exclusión sistemática de los procesos de toma de decisiones
En el marco del 15º aniversario de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, este diálogo se propone contribuir a la reflexión sobre cómo los Estados y las empresas pueden operacionalizar sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos. El diálogo explorará cómo los Estados y las empresas pueden garantizar que la transición energética se base en los derechos humanos, incluida la igualdad de género, y la confianza democrática y la participación efectiva y segura de las personas defensoras de los derechos humanos, así como su liderazgo.
2. Objetivo del diálogo
El diálogo tiene como objetivo visibilizar y analizar el impacto en el espacio cívico y en las personas defensoras, incluyendo los impactos diferenciados que experimentan las mujeres defensoras de derechos humanos, y promover enfoques concretos para integrar su protección, participación significativa y liderazgo en las políticas públicas y prácticas empresariales.
En particular, el diálogo busca:

• Evidenciar cómo la transición energética se relaciona con afectaciones al espacio cívico y diferentes formas de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación y criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos tomando en consideración una perspectiva de género;
• Profundizar en la criminalización y la violencia basada en género contra mujeres defensoras como un obstáculo estructural para una transición energética que garantice los derechos humanos;
• Reconocer el papel fundamental de las mujeres defensoras en la defensa de los derechos humanos, la democracia y el espacio cívico;
• Analizar las obligaciones de los Estados y de las empresas en virtud de los Principios Rectores, el Acuerdo de Escazú y los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos en relación con el espacio cívico en contextos de transición energética en donde se incluya una perspectiva de género;
• Identificar medidas concretas para que empresas y gobiernos prevengan represalias, garanticen la participación efectiva y fortalezcan la confianza pública en la transición energética.

3. Mensajes clave
El diálogo subrayará que:

• Una transición energética alineada con los derechos humanos, incluyendo la igualdad de género y la participación significativa, es esencial para construir confianza, legitimidad y sostenibilidad a largo plazo.
• La criminalización, estigmatización y violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos que expresan preocupaciones sobre proyectos energéticos y extractivos debe cesar de manera inmediata;
• El uso del derecho penal, las demandas estratégicas contra la participación pública y otras formas de represalia debilitan la gobernanza democrática y generan riesgos jurídicos, sociales y reputacionales;
• El respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el consentimiento libre, previo e informado, así como la protección de las personas defensoras y del espacio cívico, es un requisito previo para proyectos responsables de transición energética;
• El Acuerdo de Escazú ofrece un marco clave para garantizar acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia y protección de personas defensoras de derechos humanos ambientales;

4. Preguntas orientadoras

• ¿De qué manera la transición energética y la expansión de proyectos extractivos están reconfigurando el espacio cívico en territorios específicos, particularmente para mujeres, Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes?
• ¿Qué impactos diferenciados enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos  ambientales y del territorio en comparación con otras personas defensoras, y cómo estos afectan su capacidad de participación, liderazgo y toma de decisiones?
• ¿Qué obligaciones específicas tienen los Estados, en virtud del Acuerdo de Escazú y los Principios Rectores, para prevenir y responder a ataques contra el espacio cívico en el marco de la transición energética

Este diálogo de alto nivel busca promover un espacio entre la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos y la Unidad de Empresas y Derechos Humanos que ofrezca una lectura estratégica del contexto político, social y económico en América Latina y el Caribe, e identifique retos, oportunidades y prioridades para fortalecer la implementación de la agenda de empresas y derechos humanos en la región. En particular, el diálogo prestará especial atención a sectores clave como las industrias extractivas y agropecuarias, la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de actividades empresariales, la garantía del espacio cívico, el derecho a un ambiente sano, los enfoques de transición energética justa y la promoción de mecanismos de beneficios compartidos con las comunidades afectadas. 

La plenaria de clausura tiene como objetivo recoger los principales mensajes, aprendizajes y prioridades identificados durante el X Foro Regional, destacando avances, desafíos persistentes y oportunidades para fortalecer la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. Asimismo, busca reforzar el compromiso de los distintos actores con la agenda regional, visibilizar líneas de acción conjunta hacia los próximos años y proyectar el Foro como una plataforma para impulsar alianzas, recomendaciones y procesos de seguimiento orientados a resultados concretos.